Groenlandia volvió a rechazar de manera contundente la idea de convertirse en un territorio estadounidense, después de que el presidente Donald Trump renovara sus declaraciones sobre una posible anexión de la isla ártica, perteneciente al Reino de Dinamarca pero con amplio autogobierno. Las afirmaciones de Trump, en las que sugirió que Washington podría avanzar sobre Groenlandia “les guste o no”, generaron una respuesta unificada de las fuerzas políticas groenlandesas y tensiones diplomáticas con Europa y Dinamarca.
Los líderes de los cinco partidos representados en el Parlamento de Groenlandia emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron con claridad: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses. El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses”. Este pronunciamiento incluyó tanto a las fuerzas que integran actualmente el gobierno como al partido opositor que impulsa una independencia más rápida del territorio danés.
La respuesta se produjo en medio de un escenario de presión desde Estados Unidos, donde la administración de Trump ha considerado incluso opciones como ofrecer incentivos económicos a los habitantes de Groenlandia para que acepten unirse a Estados Unidos, con cifras discutidas que irían desde 10.000 hasta 100.000 dólares por persona. Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó que planea reunirse la próxima semana con funcionarios daneses para discutir la “propiedad” de la isla.
La insistencia de Trump se sustenta en argumentos de seguridad nacional. El presidente ha afirmado que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia para evitar que países como China o Rusia ganen influencia en la región ártica, dada su ubicación estratégica y los intereses geopolíticos en juego. En sus declaraciones incluyó la posibilidad de avanzar “por la vía amistosa o por la más difícil” si no se logra un acuerdo voluntario.
Sin embargo, las autoridades groenlandesas y danesas han rechazado con firmeza cualquier intento de presión o anexión forzada. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reiterado que Groenlandia “no está en venta” y que su estatus no se puede modificar sin el consentimiento de su población y en el marco del derecho internacional. Líderes europeos también han expresado su respaldo a Dinamarca frente a estas amenazas, subrayando la inviolabilidad de la soberanía territorial y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El Parlamento groenlandés incluso adelantó la convocatoria de una reunión para discutir de manera formal las amenazas y planificar una respuesta, reafirmando su compromiso con la autodeterminación y la defensa pacífica de su futuro. En su declaración conjunta, los partidos insistieron en que “el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés” y que ningún país extranjero puede interferir en ese proceso.
La isla, con alrededor de 57.000 habitantes, ha experimentado un creciente interés geopolítico debido a su posición estratégica y sus recursos naturales, aunque la mayoría de su población rechaza la idea de convertirse en parte de Estados Unidos. La situación actual mantiene en alerta a la comunidad internacional y plantea desafíos diplomáticos entre Washington, Copenhague y los gobiernos europeos aliados.